Santo Domingo, República Dominicana.– La familia de una bebé de un año solicitó a las autoridades profundizar las investigaciones contra Giancalo Tejeda, de 36 años, acusado de presuntamente agredir sexualmente a la menor, ante la posibilidad de que existan otras víctimas relacionadas con el caso.
Los familiares hicieron el llamado en medio del proceso judicial que se sigue contra el imputado, al considerar necesario que el Ministerio Público amplíe las indagatorias para establecer si otras menores pudieron haber sido víctimas de hechos similares.
El proceso continúa pendiente de conocimiento, luego de que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazara para este martes la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción.

La decisión fue adoptada a solicitud de la defensa del imputado, cuyos representantes legales pidieron un plazo adicional para estudiar el expediente presentado por el Ministerio Público y preparar sus argumentos.
En relación con las posibles víctimas adicionales, la representación legal de la familia aclaró que, hasta el momento, la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador contempla una sola querella, correspondiente al caso de la bebé de un año.
Esta precisión se produce luego de que un abogado ofreciera declaraciones sobre supuestas agresiones contra otras dos menores, una información que, según aclaró la representación legal de la familia, todavía no forma parte de la solicitud formal del Ministerio Público.
La familia insiste en que las autoridades deben investigar a fondo cualquier información que pueda contribuir a esclarecer los hechos y determinar si existen otras posibles víctimas.
El caso ha generado preocupación por la gravedad de las acusaciones y por tratarse de una niña de apenas un año, cuya protección y bienestar deben ser garantizados durante todo el proceso judicial.
Se espera que este martes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional retome el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, mientras el Ministerio Público continúa con las actuaciones correspondientes.
Las autoridades deberán establecer las responsabilidades penales que correspondan, respetando las garantías del debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.






