Resulta preocupante que en nuestro país un ciudadano pueda estacionar su vehículo en un lugar, como los alrededores de la Plaza de la Salud, y al regresar descubra que se lo han llevado sin tener conocimiento inmediato de dónde se encuentra ni a quién debe acudir para recuperarlo.
La situación plantea serias interrogantes sobre los procedimientos utilizados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y las empresas o servicios de parqueo que pudieran operar mediante acuerdos con instituciones públicas o privadas.
¿Es correcto retirar un vehículo y dejar a su conductor o conductora en total incertidumbre, sin información oportuna sobre el lugar al que fue trasladado? ¿No sería suficiente, cuando corresponda, colocar una notificación o imponer la sanción establecida por la normativa, en lugar de recurrir directamente al traslado del automóvil?
El ciudadano merece respeto, consideración y un trato digno. Las autoridades tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, pero también deben garantizar que sus actuaciones se realicen con transparencia, proporcionalidad y apego al debido proceso.
El retiro de un vehículo no debe convertirse en una experiencia de angustia, desinformación y pérdida de tiempo para su propietario. Si existe una infracción, debe explicarse cuál es, cuál es la base legal de la medida y dónde puede localizarse el vehículo, además de informar claramente sobre el procedimiento para recuperarlo.
La ciudadanía no puede quedar indefensa ante actuaciones que podrían resultar arbitrarias si no están debidamente justificadas. La autoridad no está por encima de la ley y los acuerdos entre instituciones o empresas no pueden justificar procedimientos que vulneren los derechos de los usuarios.
El llamado es a la Digesett y a las instituciones correspondientes para que revisen estos procedimientos, expliquen públicamente los acuerdos existentes y garanticen que ningún conductor sea víctima de abusos, desinformación o actuaciones contrarias a sus derechos.
Hacer cumplir la ley no significa maltratar al ciudadano. El orden público debe ir acompañado de respeto, transparencia y justicia.
